Amazonia peruana enfrenta amenazas y peligro a territorios indígenas

En el marco de la COP 30, un nuevo informe internacional publicado hoy advierte una presión industrial sin precedentes sobre los territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) en la Amazonía, incluyendo zonas críticas en Perú.

Este estudio, liderado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), COICA, APIB y Earth Insight, revela que más de 43 millones de hectáreas de territorios indígenas están actualmente bajo amenaza directa de actividades extractivas como petróleo, gas, minería y tala industrial.

El análisis titulado Territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de Amenazas y Soluciones en las Selvas Tropicales más Grandes del Mundo descubre con precisión las amenazas que enfrentan las comunidades que resguardan las selvas tropicales más grandes del planeta. Solo en la Amazonía, 31 millones de hectáreas de territorios indígenas están superpuestas por bloques petroleros y gasíferos, 9,8 millones por concesiones mineras y 2,4 millones por concesiones de tala industrial.

Perú: el corredor Yavarí-Tapiche en la mira

Uno de los focos más sensibles identificados por el mencionado reporte es el corredor Yavarí-Tapiche, una extensión de 16 millones de hectáreas en la Amazonía peruana que alberga a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI). Aunque el 99% de su cobertura boscosa permanece intacta, enfrenta crecientes presiones de proyectos extractivos y de infraestructura. A la fecha, el Estado peruano aún no reconoce formalmente varias reservas clave en esta zona, exponiéndose a amenazas invisibles y silenciosas, pero a su vez que pueden ser devastadoras.

Impactos regionales: salud, violencia y pérdida de biodiversidad

El informe también documenta impactos severos en países vecinos. En Ecuador, el 64% de las 800.000 hectáreas del territorio Waorani reconocido está afectado por bloques petroleros, con consecuencias directas en la salud de los pueblos indígenas y en la biodiversidad. La contaminación petrolera abandonada continúa afectando a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. De más de 3.500 sitios contaminados identificados por el sector de petróleo y gas del país, solo la mitad ha sido restaurada ambientalmente. En Brasil, el avance del agronegocio ha cubierto el 30% de los territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, donde se han registrado 608 asesinatos de activistas asesinados entre 2003 y 2021, fenómeno que especialistas en genocidio describen como kaiowicidio.

oluciones desde los territorios

Lejos de limitarse a la denuncia, el informe destaca iniciativas lideradas por comunidades indígenas como parte de la solución. Entre ellas:

- En Colombia, 25 Entidades Territoriales Indígenas en espera de reconocimiento formal protegen el 36% de la Amazonía colombiana con un 99,5% de cobertura boscosa intacta.

- En Brasil, el Fondo Podáali canaliza recursos directamente a iniciativas comunitarias, y se ha lanzado una NDC Indígena que vincula derechos territoriales con acción climática.

- En toda la región, se exige el cumplimiento de cinco demandas clave: reconocimiento de derechos territoriales, consentimiento libre e informado, financiamiento directo, protección a defensores y la integración del conocimiento ancestral en políticas globales.

Un llamado urgente antes de la COP30

El informe se publica en un momento clave para la agenda climática global. La Amazonía, que produce diariamente 20 mil millones de toneladas de agua en forma de ríos voladores, ya ha visto reducidas sus lluvias en un 74% debido a la deforestación. La pérdida de estos ecosistemas no solo afectaría a los pueblos que los habitan, sino a todo el continente.

El informe se basa en la Declaración de Brazzaville y en las Cinco Demandas de la GATC: asegurar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y comunidades locales; garantizar el consentimiento libre, previo e informado; asegurar financiamiento directo a las comunidades; proteger la vida de quienes defienden la tierra; e integrar el conocimiento tradicional en las políticas globales.

Estas demandas marcan una hoja de ruta clara para que gobiernos, financiadores e instituciones cambien la extracción por la regeneración.