Los riesgos legales de incumplir la Ley de Protección de Datos
La Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, reforzada desde marzo de 2025, establece que todas las organizaciones deben implementar medidas rigurosas para resguardar la información que manejan. El incumplimiento de estas disposiciones no solo acarrea sanciones económicas, sino también consecuencias administrativas y reputacionales.
Según Eddvyn Barrón Ortega, Gerente de Riesgos y Cumplimiento de Rextie, la fintech del cambio de divisas, las infracciones pueden traducirse en multas significativas, la apertura de procesos sancionadores y la pérdida de confianza de clientes y aliados.
De acuerdo con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), las multas se clasifican en leves, graves o muy graves y van desde 0,5 UIT hasta 100 UIT. En la práctica, esto implica que una empresa podría enfrentar sanciones superiores a S/ 500,000 en casos como el mal manejo de datos sensibles, la operación de bancos de datos no inscritos o el uso de información personal sin consentimiento expreso.
El incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales puede traer consecuencias graves para las empresas. Según Eddvyn Barrón Ortega, gerente de Riesgos y Cumplimiento de Rextie, no se trata solo de un tema legal, sino de proteger la confianza del negocio.
Barrón precisa que el impacto no se limita al ámbito financiero: Las sanciones también pueden derivar en la suspensión de actividades, la obligación de reparar daños ocasionados y, en escenarios de reincidencia, en procesos penales que afectan de manera irreversible la reputación de una empresa.
En esa línea, el especialista advierte que las organizaciones que no cumplen con la normativa se exponen a diferentes consecuencias que van desde sanciones económicas hasta afectaciones a su operación y reputación. Entre los principales riesgos destacan:
- Multas administrativas que pueden superar el medio millón de soles.
- Daño reputacional derivado de filtraciones o uso indebido de información.
- Procesos judiciales y sanciones penales en situaciones graves.
- Restricción o suspensión de actividades vinculadas al manejo de datos.
- Obligación de implementar controles y designar un Oficial de Datos Personales, con sanciones desde S/ 2,675 por incumplimiento.
Además del impacto económico, los procesos administrativos pueden incluir la obligación de revertir los daños ocasionados a los titulares de la información. En casos de reincidencia o encubrimiento, las consecuencias podrían escalar hasta el ámbito penal.
En este contexto, el cumplimiento de la normativa se presenta no sólo como un deber legal, sino como un elemento indispensable para la gestión responsable de la información y la preservación de la confianza en las relaciones corporativas.
