La mitad de los peruanos padecen inseguridad alimentaria

En Perú, el 50.5% de la población sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2019 y 2021, según las cifras más recientes reveladas por The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 de la FAO. Es decir, han pasado por episodios en los que han estado preocupados de no tener suficientes alimentos para comer.

Miguel Robles, profesor de la Facultad de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, explica que esta preocupación los puede llevar a sacrificar otras necesidades básicas y/o limitarse a comer lo que está más fácilmente disponible o lo más barato, que típicamente son alimentos de menor contenido nutricional.

Además, el informe resalta que el 20.5% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria severa, lo que significa que, en los 12 meses previos a ser consultados, estos individuos se quedaron sin alimentos y pasaron uno o más días sin comer.

Por otro lado, la desnutrición crónica infantil ha mostrado un estancamiento en su reducción, situándose en 10.1% en 2022. Esto significa que 10 de cada 100 niños en el país están considerablemente por debajo de la talla normal para su edad, debido en gran parte a una deficiente alimentación.

Antes, Perú era citado internacionalmente por su éxito en reducir este indicador, pasando del 28% en 2005 al 13% en 2016. Sin embargo, de 2016 a 2022, esta mejora se ha estancado, en parte porque mientras menor la desnutrición crónica es más difícil seguir logrando su reducción pero en parte también porque con el aumento en años recientes del hambre y la pobreza también hay un impacto en la desnutrición infantil.

Causas del hambre en el Perú

Son múltiples las causas del hambre en el país, siendo la pobreza una de las principales. El reciente informe del INEI, Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014-2023, define como pobres a los miembros de hogares cuyo gasto per cápita no supera el umbral de la línea de pobreza.

«Esta línea de pobreza extrema se refiere al valor monetario necesario para adquirir una canasta básica de alimentos que cubra las necesidades nutricionales mínimas. La línea de pobreza, en cambio, incluye además de la canasta alimentaria, otros bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, vivienda, educación y salud», sostuvo el docente de la UP.

Los resultados del informe indican que en 2023, la pobreza monetaria afectó al 29.0% de la población del país, es decir, a 9 millones 780 mil personas.

Además, la pobreza extrema llegó al 5.7% y la pobreza no extrema al 23.3%. «Comparado con 2019, año pre pandemia, la pobreza ha aumentado en 8.8 puntos porcentuales, lo que equivale a 3 millones 290 mil personas adicionales en situación de pobreza. Este incremento está correlacionado con el aumento observado en la inseguridad alimentaria y el hambre», afirmó Robles.

Repercusiones en la economía

El impacto económico del hambre se manifiesta en varios frentes. Por un lado, afecta la productividad laboral, ya que las personas en situación de inseguridad alimentaria ven mermadas sus capacidades para trabajar eficientemente. Además, la educación se ve perjudicada, ya que los niños desnutridos tienen dificultades para concentrarse y aprender, limitando sus futuras capacidades de generar ingresos.

Por otro lado, la inseguridad alimentaria y el hambre también incrementan los gastos en salud, pues la población se vuelve más susceptible a problemas de salud como enfermedades infecciosas. Esto obliga al gobierno a desviar fondos que podrían haberse utilizado en inversiones de infraestructura. Además, aumentan las demandas por programas y gastos sociales para atender a la población afectada, lo que, de no atenderse, puede generar inestabilidad social y política, agravando aún más la situación del país.

Posibles soluciones políticas y económicas

Según Robles, para combatir el hambre y la pobreza de manera sostenible, es esencial implementar dos políticas clave. En primer lugar, se debe controlar cualquier brote de inflación, ya que afecta especialmente a las personas que destinan gran parte de su presupuesto a la alimentación y necesidades básicas.

En segundo lugar, se debe priorizar el crecimiento económico como objetivo central de la política económica. Es necesario complementar esto con una política de ayuda social bien focalizada para proteger a los grupos vulnerables durante desaceleraciones económicas.

La experiencia peruana muestra que solo con un crecimiento económico continuo y robusto puede reducir significativamente el hambre y la pobreza de manera sostenible.