Casi 2000 personas han sido asesinadas por defender el medioambiente

Al menos 177 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta: una cada dos días, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 1.910 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2022.

Estas conclusiones se dan a conocer antes de que los Gobiernos del mundo se reúnan en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos para la COP28, donde los Estados harán balance de los progresos realizados en la aplicación del histórico Acuerdo de París, establecido en 2015. El nuevo informe de Global Witness pone de relieve el papel crucial que desempeñan las personas activistas en la defensa y consecución de la justicia climática, pero destaca que, entre la aprobación de ese histórico Acuerdo sobre el clima (el 12 de diciembre de 2015) y el 31 de diciembre de 2022, se asesinó a, por lo menos, 1.390 personas defensoras.

El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, con 60 muertes en total, lo que supone más de un tercio de los asesinatos ocurridos. A pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas defensoras, esta cifra casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021.

Desde que Global Witness comenzó a documentar la muerte de activistas de la tierra y el medioambiente en 2012, en Colombia se ha matado a al menos 382, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados en el mundo durante ese periodo.

La mayoría de los homicidios registrados en 2022 (el 88 %) se produjeron en América Latina. En esa región, otros países con una elevada tasa de ataques mortales el año pasado fueron Brasil, con 34 asesinatos; México, con 31; y Honduras, con 14. En Filipinas murieron un total de 11 personas defensoras.

Asimismo, la investigación concluyó una vez más que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34 %) de los asesinatos mundiales del año pasado, a pesar de que solo constituyen cerca del 5 % de la población mundial.

A pesar de la persistencia de los asesinatos de personas defensoras durante los últimos 11 años, rara vez se ha llevado ante la justicia a quienes los cometieron porque los Gobiernos no investigan adecuadamente estos crímenes y la impunidad resultante fomenta nuevas agresiones.

El análisis de Global Witness muestra que la Amazonía es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras: el año pasado, en la mayor selva tropical del planeta se produjeron 39 asesinatos, más de uno de cada cinco (22 %) de los registrados en todo el mundo. Entre ellos se incluyen el del periodista británico del Guardian Dom Phillips y el de Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, asesinados el pasado mes de junio mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. En total, desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía.

En el informe se analizan también casos de comunidades indígenas de la selva tropical que se enfrentan a diversas amenazas derivadas de actividades como la minería del oro y la explotación forestal. Se indica que se ha relacionado a empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos con violaciones de derechos humanos cometidas contra estas comunidades, al haberse descubierto oro extraído ilegalmente de tierras de los kayapós en las cadenas de suministro de la refinería de metales preciosos italiana Chimet y de la empresa minera Serabi Gold.

Según el informe, los nuevos datos sobre asesinatos de personas defensoras no reflejan con exactitud la verdadera magnitud del problema, ya que las cortapisas a la libertad de prensa y la falta de un seguimiento independiente en muchos países —especialmente en África, Asia y Oriente Medio— dificultan la denuncia de estos homicidios. Asimismo, en el análisis se pone de relieve un preocupante patrón que está surgiendo a escala mundial de casos de silenciamiento de personas activistas mediante la criminalización, que implica que los marcos jurídicos que deberían protegerlas se convierten en armas para atacarlas.