Cuidar los bosques para preservar el futuro

En un borde de la laguna de Zungarococha, en Iquitos, se levanta sobre un terreno de 16 hectáreas el local de FORMABIAP, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana que gestiona la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la federación indígena más poderosa de la selva peruana, en alianza con un instituto pedagógico de Loreto.

Aquí, entre árboles que se elevan hasta tocar el cielo y campos de experimentación agrícola, se han formado desde hace 32 años más de 1,200 maestros bilingües que atienden a más de 300 trescientos mil niños y niñas de las comunidades nativas del departamento.

En las comunidades los bosques están siendo talados de manera abusiva, las empresas engañan a los dirigentes y estos prácticamente los regalan.

Esa absurda realidad alentada por el comercio ilegal de madera, en Perú el 37 por ciento de la madera supervisada es de procedencia ilegal fue lo que motivó a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO, la federación local asociada a AIDESEP, a impulsar el Programa de Gobernanza Territorial Indígena, una iniciativa apoyada por WWF Perú, financiada por la Unión Europea que busca mejorar las capacidades de los líderes indígenas para la gestión de sus territorios y la mitigación de las amenazas que reciben. Y a desarrollar el proyecto a través de los maestros y las metodologías.

Rider Moncada y Zoila Merino, dirigentes de ORPIO mencionaron que su organización convocó a 32 líderes indígenas para este curso: 4 por cada una de las federaciones que existen en Loreto.

Lógicamente, se escogieron a las que más impactos venían recibiendo por parte de madereros, traficantes de terreno y otros agresores. La idea era sencilla: fortalecer los conocimientos de los líderes indígenas en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y darles las herramientas necesarias para el control y vigilancia sobre sus territorios.

Nueva Amazonía

Para constatar los avances del esfuerzo de ORPIO y de sus aliados visitamos Centro Arenal, una aldea Murui-muinani ubicada a 30 minutos de la ciudad de Iquitos. En el muelle del ordenado centro poblado a orillas del río Itaya,  Artur Cruz Ochoa, el apu de la comunidad, uno de los jóvenes participantes del programa de gobernanza impartido en FORMABIAP y presidente del recientemente instalado Comité de Control y Vigilancia Comunitaria nos dio la bienvenida.

Su madre, la líder histórica del pueblo Murui-muinani, Zoila Ochoa, nos llevó a una de las aulas de la escuela bilingüe 60839 donde los chicos y chicas de primaria y secundaria se habían organizado para mostrarnos los cantos y danzas de la cultura de una nación que a duras penas pudo sobrevivir a los horrores del caucho y cuya población en la actualidad apenas alcanza las dos mil personas.

Según el Ministerio de Ambiente, los comités de control y vigilancia cumplen un rol clave para asegurar la sostenibilidad de los bosques, debido a que son una herramienta que permite que la sociedad civil se organice para velar por la integridad territorial y hacer cumplir la reglamentación forestal.

En tierra firme

Poco a poco se va retomando la apropiada gestión de los bosques en una región, Loreto, cuyas coberturas forestales siguen estando en buen estado. En Iquitos los funcionarios del GERFOR Loreto, la autoridad forestal en la región resaltaron que WWF Perú ha estado detrás del fortalecimiento de las capacidades de la institución con el objetivo de incorporar en el mercado forestal una herramienta fundamental en el combate al tráfico de madera y el ordenamiento del sector: el libro de operaciones de los títulos habilitantes.

Si en la ciudad y en el ámbito rural nos damos la mano para derrotar el flagelo de la tala ilegal, la salud de los bosques amazónicos volverá a ser la mejor. Eso lo han entendido muy bien WWF y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), ambas instituciones se han aliado para capacitar a más de 200 personas vinculadas al aprovechamiento y transformación de la madera y a más de 50 técnicos del Estado en el uso de los libros de operaciones.