45% de peruanos han cerrado o restringido sus negocios
En apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio como consecuencia de la inseguridad ciudadana pasó de 32% a 45%, según una encuesta de Ipsos hecha para el Observatorio del Crimen y la Violencia. Lima es la región más golpeada (59%) y el efecto alcanza por igual a todos los niveles socioeconómicos. Así lo informa el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora presentado hoy.
"La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país", señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del reporte.
El reporte muestra también un incremento significativo en el impacto sobre la salud mental: la proporción de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado, algo o mucho, como consecuencia de la inseguridad pasó de 75% en el 2025 a 78% en el 2026, con un crecimiento especialmente marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior.
El informe presenta, además, un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios –consumados y fallidos– para capturar también aquellos casos en los que hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera. Entre enero y mayo del 2026, el IDCV registró 1,054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. Entre las regiones del interior, Ica aparece como la más afectada al combinar números absolutos y población. A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92.89 por cada 100,000 habitantes, muy por encima del resto.
El reporte dedica un informe especial a los transportistas, el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato. Entre enero y mayo del 2026 se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, concentrados abrumadoramente en Lima y el Callao, y bastante por debajo en Piura, La Libertad e Ica. La investigación identifica que la violencia sigue corredores metropolitanos específicos que conectan Lima Norte y Lima Este con un sur metropolitano, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, más castigado de lo que sugería una primera lectura, con clara concentración en horario nocturno.
La extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23,000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1,328 a 1,498. Es como si nada se hubiera movido.
